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La reforma tributaria: Pagando justos por pecadores

16 November 2016
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LOS COSTOS DE LA GLOBALIZACIÓN

El Minhacienda dice que la Reforma Tributaria se necesita para amortiguar el desajuste crítico de las finanzas públicas, provocado por la caída de los precios de los commodities, particularmente los del petróleo.

En coro, la salmodia la repiten todos los partidos de la unidad nacional y de la oposición comandada por expresidentes. ¿Es cierta esta necesidad? ¿El proyecto de reforma tributaria es el medio para aliviar la crisis?

La crisis fiscal tiene causas antiguas y recientes, pero son todas de la misma familia. A finales del gobierno Barco, el país fue embarcado en las políticas de libre comercio, o globalización, o de inserción en el mercado mundial, o de apertura y modernización y otros nombres sinónimos todos de neoliberalismo.

Para la época, según Der Spiegel, sobraba el 30% de la capacidad instalada productiva del planeta, es decir, existía la capacidad de producir 30% más, pero no había compradores para tamaña riqueza, no por ausencia de necesidad, sino de capacidad de compra, signo de lo último las hambrunas que asolaban en especial a Africa ( Der Spiegel Suma 93 Marzo 95).

Raví Batra, por su parte constataba una inequitativa concentración de la riqueza análoga a la que preludió las dos primeras guerras mundiales (“The great depressionn of 1990 “). Las tasas de ganancia de las potencias necesariamente iban en picada.

El FMI dictaminó que las dos guerras mundiales precisamente tuvieron como causa esencial la lucha de las potencias del capital por mercados y fuentes de materias primas, y propuso como remedio abrir las compuertas al libre mercado, de tal forma que la competencia resolviera los excesos de producción y de capitales, lo cual fue recogido en el Consenso de Washington, que más que consenso fue un mandato de la Banca Internacional que firmaron la mayoría de presidentes latinoamericanos de entonces, ovejunamente, entre ellos Virgilio Barco Vargas, quien por cierto no contempló tales políticas en su programa de gobierno. Así terminamos incluidos en la estrategia neoliberal, para aliviar el exceso de capacidad instalada de las potencias en un pugilato mundial que, como comprueba el desarrollo de los hechos, es a costa de destruir la producción nacional de países, como el nuestro.

Para cumplir el consenso se aprobaron, en 1990, una seguidilla de Leyes, entre las más reconocidas la ley 50 de flexibilización laboral, y, entre las menos sonadas la ley 45 de reforma financiera. Luego, Gaviria rebajó los impuestos de aduana del 45% promedio al 15% promedio, para facilitar el ingreso de mercancías foráneas y, de paso, propinarle un golpe al fisco de US$1.350 millones anuales. Santos en su primer gobierno los rebajó del 15% al 7% promedio, aumentando el desajuste fiscal.

Uribe firmó una seguidilla de Tratados de Libre Comercio, los más importantes con Estados Unidos y la Unión Europea, uno de cuyos aspectos esenciales es llevar los aranceles a cero, inmediatamente para unos bienes y servicios y progresivamente para otros, pero finalmente, en plazos de 15 a 20 años, eliminar totalmente un impuesto que históricamente le sirvió a las naciones, incluidos Estados Unidos y Francia, para defender su producción y su trabajo, y garantizar así su soberanía Nacional.

La subsiguiente invasión de mercancías foráneas ha sido un desastre para nuestro agro e industria, pasando en el primer caso de 750.000 Toneladas importadas en 1990 a 13’000.000 en 2015, lo que ha significado, entre otros efectos, la desaparición de el trigo, la cebada, el algodón y el 40% del arroz, al punto de llevar al “paro agrario que si existió”.

La industria paso de aportar el 25% del PIB al 12% en el mismo periodo. Nos están especializando en productos secundarios, que un ama de casa gringa excluirá de su lista de mercado en momentos de crisis, como la actual, tales como las flores, mientras importamos la dieta básica de los colombianos. Para colmo, todos los TLC han sido deficitarios para Colombia, es decir compramos más de lo que vendemos. Para efecto de las finanzas públicas, valga acotar que productor quebrado no paga impuestos y que el déficit comercial se convierte en deuda externa.

LA ENÉSIMA REFORMA ESTRUCTURAL

Paralelamente, se han aprobado reformas tributarias, siempre bajo el mote de definitivas y estructurales, que se caracterizan por dos políticas: Una, rebajar los impuestos a los grandes inversionistas especialmente a los capitales extranjeros, y, dos, aumentar el IVA y otros impuestos indirectos que no diferencian si su efecto es sacarle al pobre el pan de la boca o cercenarle al productor nacional su capital de trabajo. El IVA paso del 10% al 12% en 1990; al 14% en 1994; al 16% en 1996 y ahora proponen llevarlo al 19%, gravando cada vez más artículos, incluida parte de la canasta familiar, como los artículos de aseo.

Por el contrario, el impuesto a la renta paso del 35% en 1995; 34% en 2007; 33% en 2008; 25% en 20131, pero acompañado de una multitud de exenciones, que le permiten a los grandes monopolios pagar realmente entre el 7% y el 10%, y, además, aprovechar los rotos legales de la apertura financiera, para eludir el pago de impuestos, como sucede con los paraísos fiscales. Adicionalmente se han reducido impuestos fundamentales para la estabilidad económica como el de remesa de utilidades a los inversionistas foráneos, que al menor riesgo se fugan del país dejando nada2.

Para aliviar el desfonde fiscal, también se han realizado sucesivas reformas pensionales, empezando por la Ley 100 de 1993, que aumentan la edad de pensión y las semanas de cotización, con las cuales además de mejorar el negocio de los Fondos privados, a los que se arrió a millones de colombianos, se busca reducir la carga del Estado que, en el nuevo modelo, sostiene a estos fondos especuladores, pues ellos invierten la mitad de los aportes pensionales en títulos de Estado, TES, lo que les garantiza una renta fija sin esfuerzo, y, además, el Estado responde por la pensión mínima equivalente al salario mínimo cuando los rendimientos del fondo pensional no alcanzan para pagarla.

En suma, las políticas neoliberales han debilitado los ingresos del Estado y para compensar el desajuste han aumentado los regresivos impuestos indirectos que afectan a la población de menores ingresos.

LA LOCOMOTORA MINERA Y LOS TLC

Coyunturalmente, a partir de 2004, empezaron a subir los precios internacionales del petróleo y de los minerales, jalonados por el crecimiento de China, un país que no tiene tratados de Libre Comercio, y por los conflictos del Medio Oriente. Esta bonanza benefició a los dos gobiernos de Álvaro Uribe y al primero de Juan Manuel Santos, a quienes los azares del mercado les dieron unos ingresos extras, con que disimularon los daños que el libre comercio hacia a la producción Nacional. Santos apostó todo a la carta de la “Locomotora Minero Energética”, por cierto, endeudando el país a cuenta de los inciertos precios de la minería y el petróleo, al punto que la deuda externa equivale hoy a la cuarta parte de lo que producimos en un año y la deuda pública a más de la mitad. Santos entregó, mediante concesiones leoninas a las trasnacionales del petróleo, el 70% del territorio nacional de un país que sólo tiene reservas para 5-10 años, pues extrajeron sin ton ni son, acercando el momento en que tendremos que importar petróleo.

Cuando llegó la destorcida de los precios, por la desaceleración de China, y la crisis de Estados Unidos y Europa, para su segundo gobierno, ante la abrupta caída de los precios del petróleo y los minerales, Santos tuvo que recortar drásticamente el presupuesto nacional de 2016, y nombró una pomposa comisión asesora, la cual repitió lo que ya había dictaminado el FMI y la OCDE, para garantizar el pago de la deuda y la estabilidad de la inversión extranjera, a saber: 1) Aumentar el IVA al 19% extendiéndola a artículos no gravados o con impuesto menor3; 2) Rebajar otra vez el Impuesto de Renta. 3) Aumentar la base gravable, extendiendo la base gravable a quien devengue $2’472.000, y hacer retención en la fuente desde 1’800.000 y 4) Aumentar la edad de pensión de hombres y mujeres a 65 años, más un reguero de impuestos indirectos introducidos subrepticiamente a varios bienes y servicios, como los combustibles, las bebidas azucaradas. Así pretenden recoger 7 billones adicionales en el 2017 (0,8% del PIB) y a partir de 2022 $26 billones (3,3% del PIB), pero a los grandes contribuyentes les rebajan 2 billones.

NO A LA REFORMA TRIBUTARIA

En principio, como en los hogares, el sentido común indica que si hay una caída abrupta de los ingresos, todos los miembros de la familia deben hacer sacrificios mientras pasa la crisis, bien sea aportando más o renunciando a ciertos bienes. Pero el análisis no es igual cuando la reducción de los ingresos obedece a una catástrofe externa inmanejable, como la caída de las ventas del negocio que sostiene la familia, a que sea causada porque al jefe del hogar es aficionado a las apuestas y a la juerga.

Si el padre de familia ha dilapidado y sigue dilapidando los ingresos de la familia, ésta tiene derecho a rebelarse, negarse al sacrificio y exigirle que cambie sus hábitos perniciosos. El pueblo colombiano tiene derecho a rechazar la reforma tributaria y a exigir que se corrijan las políticas que desfondan el fisco nacional, en perjuicio de la población y a favor de los intereses extranjeros y de unos cuantos monopolios. Cambiando el origen de la crisis cambian necesariamente los remedios.

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Yamid Lopez

Asociación de Trabajadores de Comfama
Correo: asotracomfama.susindicato @gmail.com
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